Ciudad de México.- El hallazgo de los cuerpos de Ramón Requeijo Abad y un acompañante en un Audi azul abandonado en Tlalnepantla desató una serie de revelaciones que podrían cambiar la percepción de la conexión entre el crimen organizado y grandes nombres de la política mexicana. Ramón, ligado estrechamente a Hernán Bermúdez Requena, quien fue director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, fue descubierto como representante de Impacto Seguridad Profesional, una de las cinco compañías de seguridad con vínculos cuestionables aún en operación.
Durante más de una década, las empresas SEVIPRO, Multicolores Integrados, Agentes de Protección, Servicios Logísticos en Seguridad Profesional e Impacto Seguridad Profesional han operado bajo el control de figuras cercanas a Bermúdez. Incluso ante la detección de irregularidades y licencias vencidas, como se destacó durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, las entidades no han sido desmanteladas.
La Función Pública, ahora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, emitió vetos federales como el caso de Agentes de Protección en 2009, debido a fallos en procesos de licitación, pero las compañías continúan figurando en el registro público sin alteración alguna. La Sedena negó haber autorizado portación de armas, pero contratos cuantiosos fueron logrados entre 2003 y 2009 con instituciones como el ISSSTE en Tabasco, señalando el poder y alcance de estas empresas.
A pesar de escándalos y denuncias, las conexiones de estas entidades con prestanombres y la influencia de figuras políticas como Adán Augusto, jugando roles significativos como notario e incluso facilitador, ilustran una burocracia donde las interrelaciones son más complejas que las simples labores de seguridad para las que fueron creadas. Con la omisión de entes estatales y federales, las sospechas persisten sobre los motivos reales detrás de su permanencia.
En este enredo,fue impactante el libro de Andrés Manuel López Obrador que describía las vigilancias excesivas y conexiones en la Quinta Grijalva, residencia oficial de los gobernadores, revelando una red comprometida a la protección de secretos que al parecer se resisten a salir a la luz. Las compañías de seguridad vinculadas aún operan unidas, dejando la impresión de que, tras las empresas, se sigue ocultando una oscura realidad que amenaza con desvelar más de lo que estamos preparados para afrontar.
