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En una drástica medida, tres jueces federales en Zapopan, Jalisco, revocaron las suspensiones que protegían los salarios de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, tras la interpretación del nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. La decisión deja a los jueces y exjueces amparados sin la protección salarial que esperaban mantener hasta 2027, con sueldos ahora sujetos a reducción ante una nueva elección judicial.
El abogado Luis Miguel Cano, representante de varios juzgadores, criticó la decisión, afirmando que Aguilar Ortiz dio una lectura sesgada a la resolución de su predecesor, transformando la reforma total en un asunto electoral, negando la naturaleza mixta de la reforma que no solo abarca aspectos electorales. Cano detalló que los juzgados locales se ven obligados a cumplir órdenes con implicaciones aún inciertas para los amparados, sin tener derecho claro a apelar.
Los intentos de apelar la decisión mediante recursos de reclamación están complicados, dado que las decisiones vienen de consultas en las que los amparados no son parte. La Suprema Corte, ahora bajo la dirección de Aguilar Ortiz, sostiene que la reforma integra un sistema electoral indisoluble, y su fallo reciente enfatiza que ningún elemento de la reforma puede tratarse por separado.
La Presidencia de la Corte asegura que las revocaciones de las suspensiones por los jueces de Jalisco están alineadas con decisiones anteriores del Pleno, y estas no dictan el fondo de los amparos, cuya solución definitiva dependerá de futuras resoluciones de los jueces de Distrito. Los amparos, a pesar de ser revocados, aún aguardan una decisión de fondo en tribunales inferiores, generando gran expectativa sobre el desenlace jurídico para los implicados y sus derechos laborales.
