La Fiscalía General de la República (FGR) solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso de Juan Collado, un abogado involucrado en serias acusaciones de fraude vinculadas al desbloqueo de 40 millones de euros en Andorra. Este escándalo se origina de un amparo directo interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien denuncia la omisión del Ministerio Público al no vincular a Collado a proceso. La FGR argumenta que, en un acto sin precedentes, Collado se denunció a sí mismo en 2016, lo que facilitó el acceso a fondos que no le pertenecían, pero que le fueron liberados de todos modos.
El desbloqueo de los 40 millones de euros, que habían permanecido asegurados desde marzo de 2015, se logró gracias a las polémicas gestiones de Alberto Manuel Alcántara Martínez, el extitular de la Coordinación General de Investigación de la FGR, quien falleció en 2021. Este hecho pone de manifiesto un presunto abuso de poder y maniobras sospechosas dentro de las instituciones gubernamentales.
Recordemos que Juan Collado fue arrestado en julio de 2019 como parte del caso “Cajas Libertad”, enfrentándose a cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Pese a las evidencias que lo rodean, Andorra congeló nuevamente los fondos de Collado, que ascendían a 76.5 millones de euros. Sin embargo, en enero de 2024, el abogado obtuvo un amparo que resultó en su absolución, alegando la falta de pruebas en su contra.
A pesar de que actualmente reside en España, la FGR no se rinde y busca reactivar las acusaciones que pesan sobre él, que incluyen defraudación fiscal y peculado. Este caso no solo expone las falencias del sistema judicial mexicano, sino que también destaca los enormes retos que enfrenta la justicia para perseguir y sancionar los actos de corrupción y fraude que lacran a nuestra sociedad. Esto es un reflejo de la impunidad, donde la ley parece no alcanzar a los poderosos.
