La Fiscalía General de Oaxaca confirma el horrendo hallazgo de los cuerpos sin vida de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández, reportados como desaparecidos desde el 8 de octubre de 2024. Esta trágica situación se revela el pasado 24 de abril, cuando sus restos son localizados en fosas clandestinas en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, tras un operativo en un camino de terracería que conecta La Ceiba con Unión Progreso.
Las investigaciones, que se extienden por más de seis meses, calan profundo en la indignación colectiva, pues se señala a grupos delictivos que operan en la región como responsables de la desaparición y posterior asesinato de la pareja. En un intento por hacer justicia, la fiscalía de Oaxaca detiene a una mujer identificada con las iniciales C. E. R. M., a quien se le dicta prisión preventiva por su posible relación con estos actos atroces.
La colaboración entre la fiscalía de Oaxaca, la de Veracruz y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue clave en el desarrollo de la investigación que, sin embargo, revela la inoperancia de las autoridades en la protección de quienes luchan por la justicia. El seguimiento a la desaparición arranca en la localidad de María Lombardo, Oaxaca, donde se asegura el teléfono y la camioneta de Domínguez en El Nigromante, Veracruz, marcando el inicio de una complicada trama.
El 29 de enero de 2025, un cateo en el rancho “El Capricho” saca a la luz más violencia: A.G.T., el principal sospechoso, es abatido junto a dos cómplices, pero el horror no termina ahí, pues se confirma la muerte de un policía. Es verdaderamente desgarrador que a pesar de estos esfuerzos, los cuerpos de Sandra y Alexander no son encontrados sino hasta el 24 de abril.
Sandra Estefana Domínguez Martínez no era solo una activista; era una abogada defensora incansable de los derechos de las mujeres indígenas y una voz crítica en torno a la violencia de género. Su valentía al denunciar la circulación de fotografías íntimas de mujeres por parte de funcionarios públicos y su apoyo a otras víctimas son pruebas de su compromiso con la justicia social. ¿Hasta cuándo se permitirá que el silencio y la impunidad sigan victimizando a quienes luchan por sus derechos?
