Saltillo, Coah.- La práctica de la tortura en Coahuila continúa siendo una problemática persistente, con situaciones documentadas tanto para hombres como para mujeres detenidos. Las víctimas enfrentan secuelas permanentes mientras sus casos avanzan lentamente en el Poder Judicial del estado, en espera de resoluciones y amparos por violaciones a sus derechos.
Uno de los casos más emblemáticos involucra a una reclusa, Laura Angélica “N”, detenida inicialmente por posesión de narcóticos. Su proceso se complicó por acusaciones de secuestro tras el cierre de los juzgados tradicionales y un posterior traslado, a pesar de que se constató su detención ilegal con el Protocolo de Estambul, el cual reveló señales de tortura.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, elaboró un informe en 2022 sobre estos casos, pero decidió retener la información para salvaguardar la integridad de las involucradas, argumentando posibles repercusiones.
La abogada representante de Laura, Ariana Denisse García Bosque, denuncia un patrón en las autoridades que implica detenciones arbitrarias seguidas de actos de tortura para autoinculpaciones en delitos más graves. Este modus operandi afecta gravemente el debido proceso y los derechos humanos.
El caso de Enrique Pérez Gómez, exfuncionario penitenciario en Piedras Negras, también ejemplifica la gravedad del asunto. Desde 2012 sufrió torturas cuando asumió la dirección del centro tras una fuga masiva, reflejando la inseguridad y los riesgos que enfrentan incluso aquellos dentro del sistema de justicia.
