Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno en Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que detectaron un contubernio entre notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, Catastro, jueces e incluso la Secretaría de Seguridad Pública para facilitar el despojo de bienes a ciudadanos. En entrevista, el funcionario estatal detalló que esta situación recién la detectaron, pero lleva varios años de ejecución. Abundó que las irregularidades permitían que se inscribieran contratos privados de manera ilegal.
Ahued refirió que hasta ahora, uno de los casos más relevantes que detectaron fue en una zona natural protegida del Cofre de Perote; apareció un propietario, pese a tratarse de un área federal. “De tal manera era este tipo, perdón que lo diga en esta expresión; cochinero que estamos a punto de revisar. Qué notario o quién propuso que un área natural protegida de muchas hectáreas en el Cofre de Perote aparezca un propietario cuando es zona protegida y es de la nación.”
El secretario de Gobierno en Veracruz señaló que mediante la dependencia estatal que encabeza, se ordenó una revisión a los notarios y autoridades que participaron en estos procesos y de encontrarse irregularidades, habrá denuncias penales ante la Fiscalía. “Aquí le vamos a poner freno y caiga quien caiga y demandemos a quien demandemos, vamos a actuar con todo el peso de la ley. Hoy el Registro Público está transparentando todo y el Catastro también.”
Explicó que, aunque la Secretaría de Gobierno no tiene facultades para ordenar desalojos, sí es responsable del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, áreas donde se originaban muchas de las irregularidades. “Nosotros no damos los desalojos, no damos instrucción. El secretario no tiene facultad de firmar que desalojen a nadie, pero sí depende de nosotros el Registro Público y el Catastro y cualquier anomalía que nos venga. A mi llegada pusimos orden. Ya quitamos una notaría.”
Indicó que una de las principales prácticas irregulares consistía en la inscripción de contratos privados sin sustento legal, que posteriormente derivaban en despojos. “Se hacían muchas inscripciones y contratos privados que, al hacerlos, se daban cuenta posterior que tenían un despojo. Esto no es nuevo, estos cárteles o estos delincuentes o estos contubernios entre quizá autoridades o personas que tenían la fe pública se prestaban para estas cosas. Aquí le pusimos orden”, sentenció.
